Los contratos que tenía el empresario Angel Rondón Rijo con Odebrecht eran ficticios y su única labor era la de sobornar a legisladores y funcionarios gubernamentales para la aprobación de préstamos en el Congreso y asignaciones de obras gubernamentales, según consta en la solicitud de medida de coerción que la Procuraduría General de la República presentó contra los 10 imputados que se encuentran presos.
El dato está contenido en los documentos enviados desde Brasil, los cuales la Procuraduría General utiliza como soporte en la solicitud de medidas de coerción que hizo contra las personas que se encuentran presas y los tres legisladores sometidos por el caso.
Sin embargo, Rondón Rijo en una información publicada hoy por Listín Diario negó que sobornara a funcionarios y legisladores para la aprobación de préstamos para la construcción de 17 obras realizadas por Odebrecht desde 2002 hasta 2012.
En tal sentido afirmó que como representante comercial de Odebrecht en el país desde el año 2001, no ha tenido que comprar conciencia ni dar recursos para la aprobación de préstamos para la construcción de obras.
En los documentos enviados desde Brasil se encuentran las confesiones del delator Marco Antonio Vasconcelo Cruz, quien declaró a las autoridades de ese país que Odebrecht suscribió contratos de “supuesta representación” con Angel Rondón, pero que los mismos no se vinculaban a ninguna obra.
Por esa razón, según explicó, los pagos que le entregaban no eran contabilizados y se hacían de manera informal, con el fin de hacer el cobro efectivo de valores y poder justificar ante las identidades financieras los montos recibidos.
Asimismo, aseguró que la Constructora Norberto Odebrecht firmó contratos con las empresas de Rondón Rijo para “formalizar las relaciones”, pero que en sí, dichos contratos eran genéricos y que tal como relató el también delator Ernesto Sá Viera Baiardi, eran ficticios, es decir simulados para justificar los pagos realizados.
“Cabe destacar que, según los contratos, la función de Rondón Rijo era de consultoría, sin definir con exactitud las labores que debían ser realizadas, lo que demuestra la falsedad en estos contratos, que más bien eran utilizados como escudo para sustentar las transacciones de los fondos que el imputado utilizaba para sobornar”, dice el documento de solicitud de medida de coerción.
Sostiene que Rondón Rijo organizó la estructura de manera tal que los pagos recibidos no pudieran ser sospechosos, y que es por eso que se realizaban a través de sus empresas, que incluyen Conanza Internacional y Lashan Corpo.
En la solicitud de medida de coerción aparecen las declaraciones del delator Luis Eduardo Da Rocha Soares, quien dijo que se realizaban los pagos a las citadas empresas, cuyo beneficiario era Rondón Rijo, y que éste hacía la distribución de esos valores para el pago de sobornos a funcionarios del país.
Los pagos realizados al imputado Rijo Rondón para sobornos eran entregados, según afirma en su testimonio Marco Antonio Vasconcelos Cruz, a través de transferencias, entre otras, a las empresas Lashan Corpo y Conamsa Internacional, ambas propiedad de Rijo Rondón.
UN APUNTE:
Expediente
El expediente que hasta ahora ha instrumentado la Procuraduría General de la República para solicitar imposición de medidas de coerción, está sustentado básicamente en las confesiones hechas por delatores en Brasil.
El expediente dice que en cada una de las obras construidas por Odebrebecht, Rondón Rijo tuvo una participación activa, con actos ilícitos que involucraron sobornos a funcionarios y legisladores.
Detalla que para los pagos de sobornos se utilizaron varias compañías internacionales, ya que se trataba de operaciones irregulares por parte de Odebrecht.
