El exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa afirmó que el dinero que le atribuye el Ministerio Público en cuanto al enriquecimiento ilícito y supuesto lavado de activos era del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y que él lo manejaba en su condición de secretario de Finanzas y encargado de finanzas de las campañas electorales de la organización política.
Pidió al juez especial, Francisco Ortega, declarar nula la acusación presentada por el MP el 7 de junio en curso y disponer su archivo definitivo, por constituir la misma “una doble persecución” en su contra sobre hechos que dijo, fueron objeto de archivo en el 2014, y además adquirieron la firmeza definitiva e irrevocable por Resolución y sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
En su escrito de incidentes y ofertas probatorias dirigido al magistrado Ortega, quien conoce el caso Odebrecht, Díaz Rúa incluye una serie de documentos que afirma, justifican todos los bienes que posee, y que según el MP son producto de actos reñidos con las leyes números 448-06 sobre Sobornos en el Comercio y la Inversión; 82-79, sobre Declaración Jurada de Bienes; 72-02 sobre Lavado de Activos, y varios artículos del Código Procesal Penal.
Los millones del PLD. Entre las pruebas documentales depositadas por el exfuncionario hay una certificación expedida por el presidente del Senado y secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, dando constancia de que Díaz Rúa manejaba cuentas del partido oficialista, aunque no especifica cuántas ni números de las mismas.
Patrimonio personal. Díaz Rúa asegura que “antes, durante y después” de su gestión como funcionario público tenía operaciones comerciales en el sector privado y generaba dinero lícito que fueron declarados oportunamente.
Resalta que a través de la Constructora Díaz Rúa & Asociados, S.A, ejecutó una serie de obras, cuya relación anexa en su escrito, por un monto total de RD$1,891,140,000.00.
Agregó que todos los fondos ingresados en la cuenta número 100-1-168-000460-0 del Banco de Reservas, son producto de actividades de esa sociedad comercial en el proyecto de remodelación del Muelle de Haina Oriental, y no del lavado de activos como afirma el procurador general, Jean Rodríguez, en la acusación que le hace.
Empresas “fachada”. Respecto a la compra de la sociedad Inversiones Montobba, SA, rechazó que se trate de una fachada u ocultamiento, sino de una compañía de carpeta constituida de forma legal y adquirida por él para fungir como tenedora del apartamento No. 13 ubicado en la Torre Caney, y cuyos recibos de pago también anexa.
Calificó de “absurda” la pretensión del MP de que Albox, S.R.L. fue creada para recibir sobornos, señalando que su ingreso a la función pública vinculada a actividades de construcción la inició en 2004. También rechazó que las empresas Medsolutions S.R.L, Merkel Invesment, S.R.L, Radiodifusora Skyland, Guerra y Asociados, Compañía Anónima de Bloques Orientales, Inmobiliaria Max 6 y Tel Tret Solution, S.A., fueran utilizadas para falsear ni cometer ningún delito.
Sobrevaluación obras. Con relación al Acueducto de la Línea Noroeste, Díaz Rúa negó que en el Addéndum II que firmó como director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) en agosto de 1999, elevara el monto de la obra.
Dijo que el aumento, cuya cantidad no revela, se produjo en el contrato para la ampliación del mismo suscrito el 26 de enero del 2005, acorde con lo que estaba previsto en el artículo 4.5, con la finalidad de cubrir la supervisión técnica y el pago de seguros y fianzas.
Indica que él no participó en forma alguna en la adopción de ese addéndum porque ya había sido designado ministro de Obras Públicas.
Acueducto de Samaná. Agregó que tampoco tuvo participación alguna en las Addendas 1, 2, 3, 4 y 5 firmadas en enero de 2008, abril de 2009, septiembre de 2010, mayo de 2012 y mayo de 2013, respectivamente, para la construcción del acueducto múltiple de Samaná.
Autopista del Coral. Díaz Rúa dijo que no participó en el concurso por invitación para la construcción de los Tramos Romana-Higüey y Verón-Higüey, de la Autopista del Coral.
“Probaremos que dicho proceso fue licitado y adjudicado a Hormigones Moya, S. A., en el período de gestión del señor Miguel Vargas Maldonado como secretario de Obras Públicas”, dice el exfuncionario en su escrito de defensa.
Resaltó que la relación entre Odebrecht y Hormigones Moya se produjo el 12 de diciembre de 2006, antes de que él fuera designado ministro de Obras Públicas.
Corredor Duarte. Explicó
Díaz Rúa que la licitación para la adjudicación de esta obra en la que él actuó en representación del Estado dominicano mediante poder especial número 165-10, fue realizada con la participación de varios oferentes, resultando la misma adjudicada a la empresa Norberto Odebrecht.
Addendas urgentes. Díaz Rúa indicó que en el Addendum de cierre al contrato de ejecución de la Obra número 105-2010 para los trabajos urgencia de la carretera El Río-Jarabacoa en agosto de 2010, él actuó en representación del Estado dominicano; que la rehabilitación de la carretera Constanza-Cruce Autopista Duarte-Casabito-Constanza fue ejecutada en virtud del Decreto de Emergencia número 627-07, así como el addendum realizado a ese contrato el 30 de junio del año 2009.
Agregó que los trabajos de rehabilitación del tramo Duarte-Casabito Constanza, suscrito en octubre de 2009, y el Addendum del 27 de octubre del mismo año, fueron ejecutados en virtud del Decreto de Urgencia número 461-09.
Pago a Hacienda. El exfuncionario reveló que en noviembre de 2007 la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales había destinado US$11,512,584.15 a la construcción de la carretera Casabito-Río Blanco, pero que como Medio Ambiente se opuso, decidieron aplicarlo a la carretera Casabito-La Casa de Máquina con la Presa Principal de Pinalito, por lo que los fondos fueron pagados directamente a la Secretaría de Hacienda”.
Niega recibiera US$4 millones. El exministro dijo que demostrará al MP que no es cierto que él recibió de Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva la suma de US$4 millones, a través del Antigua Overseas Bank (AOB) el 23 de enero de 2018, ya que no posee cuenta en esa institución bancaria.
Declaraciones juradas. Díaz Rúa aseguró que siempre ha cumplido con sus declaraciones juradas de bienes, conforme a los parámetros de la Ley 82-19, y que en ningún caso cometió el delito de falsedad, sino que el MP “maliciosamente desvirtuó los montos declarados”.
Pruebas testimoniales. Citó a Diego Hugo de Moya S. para que testifique que él no ejerció presión para que Diego de Moya Canaán le cediera sus derechos en la Autopista del Coral; a Ramón Rivas C., Rosa N. Vicente, Pedro Delgado M. y José Ureña Rosa.
