La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, deploró ayer que desde el sistema de justicia se hayan establecido una serie de criterios muy específicos solo para favorecer casos de corrupción importantes a nivel jurisdiccional.
Dijo que ese tema siempre le ha preocupado no solo como ciudadana sino también como Ministerio Público, por lo que ve como “muy válido” que la ciudadanía se empodere y reclame al sistema de justicia y al Estado, como está haciendo el llamado Movimiento Verde por el caso de Odebrecht.
Pedimento errado. Sin embargo, la fiscal del Distrito Nacional dijo que no está de acuerdo con el Libro Verde, afirmando que la ciudadanía no puede demandar institucionalidad, en este caso sanción a la corrupción, y pedirle al Presidente de la República la designación de fiscales de carrera en una comisión, porque eso es desconocer la Ley del Ministerio Público.
Indicó que esa facultad le fue quitada al Presidente de la República y ahora es una función del Consejo Superior y de otra instancia del Ministerio Público.
Dijo que el código permite un acusador adjunto, pero que este tiene que elevar el proceso conjuntamente con el Ministerio Público.
En ese sentido, sostuvo que demandar eso sería pedirle al Presidente de la República, en nombre de la institucionalidad, que violente las normas, incluso la Constitución.
“En eso es la diferencia que tengo; pero después, que la ciudadanía reclame de manera legítima el combate a la corrupción y que haga actividades en función de eso, a mí me parece, como ciudadana y como Ministerio Público, muy válido”, dijo la fiscal del Distrito Nacional al participar como invitada en el programa Uno+Uno.
Casos cuestionados. Reynoso citó el archivo del expediente del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa; o la apelación de un auto de apertura a juicio, contrario a lo que establece la legislación, como ejemplos de criterios jurisprudenciales establecidos para favorecer la corrupción.
Recordó que en el caso de Díaz Rúa, ella incluso fue sentada en el banquillo de los acusados; que el archivo del expediente fue ratificado por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), y que ella sometió un recurso ante el Tribunal Constitucional que está pendiente de fallo.
También el caso de Aduanas en Santiago, contra varios hijos de exfuncionarios del Gobierno de Leonel Fernández, acusados de una estafa de más de RD$100 millones, entre los que figuraban Herald Estévez Peña, Miguel Ángel Lazala y Adalberto Rosa.
Refirió que aunque Aduanas retiró la querella contra los imputados, la Fiscalía de Santiago ha mantenido responsablemente la acusación en ese “gravísimo hecho”, y a prácticamente siete años todavía no ha habido una sentencia.
Afirmó que casos como esos son los que contribuyen a que a veces la ciudadanía tenga tanta desconfianza en el sistema de justicia dominicano.
Independencia del MP. Sobre este particular, la fiscal del Distrito Nacional dijo que sería injusto no reconocer que en el camino hacia la consolidación de su independencia el MP ha avanzado mucho, y como muestra indicó que el 70% es de carrera.
“Es un Ministerio Público que no se puede tocar con un decreto; que pasó una prueba y un concurso, en muchos casos de oposición, para ingresar al Ministerio Público”, subrayó Reynoso.
No obstante, consideró que independizarlo del Poder Ejecutivo, o que en vez de un procurador general haya un ministro de Justicia como plantean algunos, es un punto que en su momento quizá deba ser discutido
Reynoso tampoco se opone a que el poder político sea quien designe al sector justicia, señalando que en la mayoría de los países que tienen incluso sistemas de justicia muy desarrollados y consolidados, el Congreso es el que los designa. “Pienso que nosotros no debemos criticar que sean políticos sino tener mejores políticos”.
