Emilio Saracho, presidente de Banco Popular, ha admitido en su discurso en la junta ordinaria de accionistas de la entidad celebrada en Madrid que el banco necesitará ampliar capital próximamente para cumplir con los exigentes requisitos regulatorios del sector.
Tras las pérdidas de 3.485 millones del 2016 y los “ajustes” derivados de la falta de provisiones por más de 600 millones anunciados la semana pasada, el Popular cumple por los pelos con los mínimos de capital regulatorio. Y esto es no es sostenible durante mucho tiempo. Las acciones de la entidad caían en torno al 10% en bolsa tras los anuncios de Saracho.
La ampliación busca “competir con igualdad de condiciones”
Según Saracho, “el diagnóstico es unánime: estamos abocados a aumentar capital, pero esta operación solo puede basarse en la confianza, para lo que es necesario definir antes las prioridades y explicarlo”. La última ampliación de capital del Popular, por valor de 2.500 millones de euros, se produjo en junio del año pasado. Ahora, menos de diez meses después, habrá que volver a hacer lo mismo o más, aunque el nuevo presidente no se atrevió a concretarlo. Probablemente, no puede hacerlo aún.
Lo único que ha dejado claro Saracho es que, cuando se lleve a cabo, será una ampliación de capital importante porque “tiene que servir para competir con igualdad de condiciones con nuestros competidores”. Popular necesita, según diversos analistas, entre 3.000 y 4.000 millones de euros de capital para recuperar una posición holgada.
“Merece la pena luchar por Popular”, dijo Saracho
Pero la apelación a los accionistas, con la acción por debajo de los 0,74 euros, es imposible en estos momentos. “Merece la pena luchar por Popular y su recuperación pasa por afrontar las dificultades que atravesamos rápida y decisivamente”, ha concluido el presidente.
Tras la exposición del presidente, y antes de someter a la junta la aprobación de los cuentas anuales, numerosos accionistas han tomado la palabra para exigir responsabilidades al consejo anterior. Algunos han pedido que no se pagara ninguna indemnización a Ángel Ron, el anterior presidente, y a Francisco Gómez y Pedro Larena, los dos últimos consejeros delegados. Varios abogados llamaron a los accionistas a agruparse para interponer demandas contra el consejo.
