SANTO DOMINGO.- El ingenio de Miguel Vargas Maldonado como empresario son ampliamente conocidos para los dominicanos, acumulando, según su declaración jurada de bienes, una patrimonio superior a los RD$ 694 millones, que incluye inversiones en el país y el extranjero, vehículos y bienes suntuarios.
Sin embargo, algunos de los trámites empresariales que ha realizado el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) no han estado exentos de controversia.
Tal es el caso del préstamo por US$ 15 millones efectuado por el estatal Banco del Reservas (BanReservas) en plena campaña electoral del 2012, cinco meses antes de las elecciones, otorgado a contrapelo de la evaluación negativa de los técnicos de la Gerencia de Análisis de Crédito y el Comité de Evaluación de Crédito de la entidad bancaria por tratarse de una deuda de alto riesgo.
También la compra al Estado dominicano del hotel Hispaniola, por 16.5 millones de dólares y que luego lo vendió a un grupo español por 23 millones de dólares, además de terrenos en Samaná por RD$ 1.9 millones, vendidos posteriormente por US$ 12 millones; operaciones que dejaron boquiabierto a más de uno dentro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que en la campaña del 2008, acusó al actual canciller de haber defraudado al Estado desde su posición como secretario de Obras Públicas durante el gobierno de Hipólito Mejía.
Ahora el empresario y político ha vuelto a ser señalado, esta vez en un caso de compra y venta de los terrenos donde fue edificada la Torre Caney – el edificio residencial de lujo, ubicado en Bella Vista, que cuenta con 39 pisos, 31 apartamentos y un helipuerto –, efectuada, supuestamente, de manera irregular.
Según el abogado Ramón Hernández Reyes, unos 58 mil metros cuadrados – parcela 122-A-1-A-FF-3 – entre la avenida Anacaona y la calle Helios, hasta la calle Las Ninfas, fueron heredados por su cliente, la señora Lea Rafaela Pérez Henríquez, tras la muerte de su hermano Rafael Pérez Henríquez en 2003.
