SANTO DOMINGO.- Los actos de sobornos y la corrupción administrativa, muchas ligadas a la empresa multinacional brasileña Odebrecht, se han convertido en una especie de “cáncer” para gobiernos latinoamericanos, donde algunos presidentes y ex mandatarios son procesados y en muchos casos son imputados con ese ilícito.
República Dominicana no escapa a esa problemática, porque el presidente Danilo Medina, los expresidentes Leonel Fernández e Hipólito Mejía, en cuyos gobiernos se construyeron las 17 obras estatales, no están encartados en el expediente en los sobornos, pero sectores sociales que componen la Marcha Verde intentan vincularlo, aunque no son citados en ningún de los procesos que se siguen en Brasil ni en Estados Unidos, donde se inició la condena a los ejecutivos de Odebrecht.
Hasta el momento, la Procuraduría General de la república han encartado varios legisladores, excongresistas, un ministro, sustituido después de la acusación, y dirigentes políticos, quienes el juez especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, dispuso prisión preventiva para ocho como medida de coerción, la que en apelación fueron libertados.
Varios de los exmandatarios están presos y otros con acusaciones formales en los tribunales.
Los últimos casos son los del presidedente de Brasil, Michel Temer, así como los ex mandatarios brasileño José Ignacio Lula Da Silva y del Perú, Ollanta Humala, apresado el fin de semana junto a su esposa.
El liderazgo político latinoamericano se ha visto manchado con las acusaciones corrupción, muchos de los cuales tendrán que posponer sus intenciones de retorno al poder.
En algunos casos, los exmandatarios atribuyen persecución política, como en el caso de Lula Da Silva.
Dilma Ruseff fue destituida del cargo, mientras en el Perú también se procesa al exmandatario Alejandro Toledo, al igual que Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá.
En Argentina, también se acusa de recibir sobornos a la expresidenta Cristina Fernández, así como al actual jefe del Estado Mauricio Macri.
Otto Pérez, exprimer jefe del Estado de Guatemala, es otro de los vinculados a casos de corrupción.
Fernández, expresidente argentina, el juez Claudio Bonadio, la acusa junto a familia “asociación ilícita” y de blanqueo de capitales, y les prohíbe salir del país.
En el caso del actual presidente Macri, un primo suyo es vinculado a casos de corrupción al supuestamente recibir sosborno de la empresa Odebrecht, incluso acusan al propio dirigente de recibir 500.000 dólares de la constructora para financiar su campaña.
En el caso de Ollanta Humala, el Poder Judicial de Perú dictó 18 meses de prisión preventiva y a su esposa Nadine Heredia acusados de lavado de activos, por los aportes campañas presidenciales de 2006 y 2011.
Alejandro Toledo, quien está en Estados Unidos, tiene una orden de arresto y de extradición, acusado por corrupción en el caso de Odebrecht.
Asimismo, preso en Miami está el expresidente Martinelli, con una orden de extradición de Panamá, acusados de expionaje telefónico y varios de sus funcionarios están procesados por corrupción administrativa.
Temer, presidente de Brasil, fue acusado formalmente por corrupción en junio pasado, con cuyo proceso al parecer seguirá el mismo camino de Ruseff.
En el caso de Otto Pérez, de Guatemala, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad lo acusó formalmente, junto a su vice Roxana Baldetti, de haber organizado y liderado una red que le cobraba millonarias comisiones a contratistas estatales y la acusación es de asociación de ilícito y cohecho.
