San Cristóbal. Seis de los imputados en el caso Odebrecht, a quienes los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) les variaron las medidas de coerción, dejaron ayer la cárcel de Najayo-Hombres.Andrés Bautista, presidente del Partido Revolucionario Moderno; Temístocles Montás, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y exministro de Industria y Comercio; César Sánchez, ex vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y Máximo D´Oleo, pagaron la fianza impuesta por los magistrados el pasado sábado.
Bautista y Montás pagaron 15 millones de pesos, Sánchez 10 y D´Oleo cinco. Conrado Pittaluga deberá cumplir nueve meses de arresto domiciliario.
Bautista fue recibido en la casa nacional del PRM, en un acto al que acudieron decenas de dirigentes nacionales y provinciales quienes le tributaron su solidaridad.
Bautista leyó un documento dando las gracias por el apoyo dado a su puesta en libertad, en el cual también afirma que este caso le fortalece más para luchar por una justicia independiente en la República Dominicana.
Mientras Montás, a su salida de Najayo-Hombres, expresó su agradecimiento a Dios, a su familia, a los compañeros del partido que lo apoyaron y a sus abogados, quienes según dijo “han desarrollado un trabajo ejemplar”. Dijo que el Ministerio Público debió ser más objetivo, y calificó las acciones de la Procuraduría General de la República en el caso Odebrecht como “un tollo jurídico” que no solo los ha afectado a ellos (los imputados), sino a sus familias y al Gobierno.
El exdiputado del PRD, Ruddy González, fue el último en pagar los 15 millones de pesos de garantía económica. Ángel Rondón y el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, continuarán en el recinto penitenciario luego de que el tribunal ratificara la prisión preventiva.
La titular de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca), Laura Guerrero, dijo que es un gran logro ciudadano que sigan existiendo medidas de coerción contra los imputados por el caso Odebrecht, a pesar de los recursos de apelación que incoaron.
