SANTO DOMINGO.- La Escuela de Economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) propuso ayer al Gobierno someter un proyecto de ley que establezca un incremento general del salario mínimo a nivel público y privado para recuperar la economía en un corto plazo, tras afirmar que se ha visto afectada por un “frenazo” de la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) que bajó de 5.3 % en el primer trimestre a 2.7 % en el periodo abril-junio.
En el segundo Análisis de la Economía Dominicana (IAED), los docentes adscritos al Área de Economía y Negocios de la universidad destacan la necesidad de recuperar las ventas para que los empresarios confíen en los nuevos procesos de inversión. “Es necesario un estímulo a la demanda agregada por vía del incremento de la capacidad de compra de los trabajadores asalariados y del empleo informal”, afirman en el documento.
“Por sí solas las tasas de interés bajas no garantizan la salida a la ralentización del crecimiento ni al estancamiento de las recaudaciones. Si el producto crece mucho, pero el empleo no crece tanto, esto quiere decir que la productividad por trabajador está aumentando y que debiera tener una compensación en términos de salarios, pero eso no ocurre en la economía dominicana”, indican los economistas.
El Segundo Informe IAED fue presentado por el decano del Área de Economía y Negocios Franklin Vásquez y por el coordinador de la carrera de Economía, Rafael Espinal, durante una rueda de prensa realizada en la Sala Julio Ravelo de la Fuente de la Biblioteca del INTEC.
Asimismo, establecen que una de las grandes disyuntivas de la economía dominicana consiste en establecer políticas públicas que promuevan el incremento de los salarios para que los efectos del crecimiento económico se traduzcan en mejores condiciones de vida para los trabajadores y sus familias.
Sostienen que no bastan políticas monetarias, financieras o fiscales, sino se establecen niveles salariales que estimulen la demanda agregada y disminuyan las brechas entre la canasta básica y la remuneración del trabajo.
Consideraron que la medida de aumentar el salario mínimo al sector no regulado en un 15% y dividir su aplicación en dos etapas, bajo el argumento de que provocaría despido de trabajadores, no es consistente con la evidencia empírica de numerosos estudios que contradicen esta aseveración del sector empresarial.
Indican que la ausencia de una política pública que promueva el establecimiento de salarios mínimos en los sectores regulados es una necesidad urgente, “más allá de la desidia del Comité Nacional de Salarios”, expresan.
Señalan que las medidas del Banco Central aprobadas por la Junta Monetaria a finales de julio, con las que se han liberado más de 20 mil millones de pesos, disminuyendo las tasas de financiamiento de esos recursos a 8 y 9 %, solo tienen impacto a corto plazo.
Reformas fiscales
Los expertos insistieron en recomendar profundas reformas fiscales para el país, a fin de crear un sistema impositivo menos regresivo, incrementar la presión tributaria y reestructurar el gasto. Advierten que la política monetaria no es la fuente de crecimiento real a largo plazo.
“La sostenibilidad del crecimiento y una mejor distribución de la riqueza conllevan cambios estructurales que mejoren la competitividad, la demanda agregada y las exportaciones, con una tasa de cambio más flexible, como lo propone el Fondo Monetario Internacional. Pero además con una flexibilización de la rigidez del mercado laboral”, argumentan.
Punta Catalina
Los docentes de la Escuela de Economía del INTEC sostienen que, de seguir la tendencia de disminución de las expectativas de crecimiento, el Gobierno se verá en la obligación de disminuir el ritmo de la inversión pública, paralizando la construcción de obras de infraestructura iniciadas o aumentando las deudas de corto plazo con suplidores, con lo que habría un incremento del déficit y del financiamiento proyectado.
“El Ministerio de Hacienda ha optado por disminuir el gasto público de algunas entidades gubernamentales, exceptuando el financiamiento de Punta Catalina, para evitar un incremento del presupuesto de egresos, que conlleve un aumento del déficit programado.
En ese contexto, se inscribe el préstamo hecho por el Banco de Reservas de $300 millones de dólares para las obras de las plantas eléctricas, así como la colocación de bonos por un monto de $500 millones hecha por el Ministerio de Hacienda en el segundo trimestre de este año”, argumentan.
