GINEBRA (EFE).- La ONU pidió hoy a la República Dominicana que despenalice el aborto cuando la vida o la salud de la mujer o niña embarazada estén en riesgo y cuando llevar a término la gestación pueda ocasionar un daño o sufrimiento sustancial, especialmente en caso de violación, incesto o si el feto es inviable.
En sus recomendaciones al país adoptadas tras la evaluación del sexto informe periódico de la República Dominicana los días 16 y 17 de octubre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresa su preocupación por “la total criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo, con penas de hasta 20 años de prisión”.
Este órgano de la ONU insiste en que “no deben aplicarse sanciones penales a mujeres y niñas que se sometan a un aborto ni a proveedores de servicios médicos que las asistan, ya que tales medidas las obligan a recurrir a abortos inseguros”.
Los expertos del Comité piden en concreto al Estado dominicano que “modifique su legislación para garantizar el acceso legal, seguro y efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo cuando la vida o la salud de la mujer o niña embarazada esté en riesgo”.
También para el caso de que “llevar a término el embarazo pueda ocasionar un daño o sufrimiento sustancial a la mujer o niña embarazada, especialmente si es el resultado de una violación o incesto o cuando la gestación sea inviable”.
El Comité afirma, además, que la República Dominicana no debe regular el embarazo o el aborto en todos los demás casos si es contrario a su obligación de garantizar que las mujeres y las niñas no tengan que recurrir a abortos inseguros.
En este sentido, indica que el Estado dominicano “deberá revisar su legislación al respecto”. La recomendación del Comité de Derechos Humanos de la ONU se produce después de que defensoras de los derechos de la mujer en la República Dominicana afirmaran el miércoles que la despenalización del aborto en situaciones extremas “no puede esperar más”.
A fecha de 14 de octubre, 153 mujeres habían fallecido por causas relacionadas con el embarazo, según datos del Foro Feminista Magaly Pineda, que precisó, además, que la República Dominicana ocupa el quinto lugar en embarazos de niñas y adolescentes en la región, algo que preocupa también al Comité de la ONU.
Las posturas divergentes de los diputados dominicanos sobre el aborto, un tema que divide a la sociedad en general, frustró en la anterior legislatura ordinaria en julio la aprobación de un nuevo Código Penal que los legisladores llevan años discutiendo.
El Código Penal, considerado como el instrumento idóneo para enfrentar la delincuencia en el país, fue aprobado en 2014, pero ha sido vetado en dos ocasiones por el presidente dominicano, Danilo Medina, debido a que mantiene la penalización del aborto en todos los supuestos. Según el Ministerio de Salud Pública del país, los abortos inseguros provocan el 10 % de las muertes maternas en la República Dominicana.
Datos de organizaciones locales defensoras de los derechos de la mujer muestran que en ese país se producen cerca de 35.000 abortos al año, una cifra que podría ser mayor debido a que esta práctica se realiza clandestinamente. Por otra parte, al Comité de la ONU también le preocupan las elevadas tasas de violencia contra la mujer y el “persistente elevado número de feminicidios y de violaciones anuales”.
