Iberdrola ha solicitado al Ministerio de Energía que dirige Álvaro Nadal permiso para cerrar las dos centrales de carbón que el grupo aún mantiene operativas en España, en Lada (Asturias) y Velilla (Palencia). Ambas instalaciones suman una potencia conjunta de 874 megavatios y un total de 170 empleados, que según el plan de la empresa serán recolocados en el propio desmantelamiento de las centrales y en otras plantas.
La empresa precisa el consentimiento administrativo para proceder a desconectar la instalación, cuyo coste ascenderá a 35 millones de euros. Será Red Eléctrica, empresa participada por el Estado que gestiona la operación del sistema, la que considere ahora si la ausencia de estas centrales pone en riesgo la seguridad de suministro en la zona.
El anuncio de Iberdrola llega en pleno desarrollo de un plan por parte del Gobierno para regular el cierre de centrales en España, un país con una enorme sobrecapacidad por las fuertes inversiones realizadas en renovables y en centrales de gas antes y durante los primeros años de la crisis. El Ejecutivo quiere regular las condiciones en las que las empresas pueden solicitar la desconexión de sus centrales sin alterar la seguridad de suministro ni el precio de la factura eléctrica.
El grupo que dirige Ignacio Sánchez Galán ya se ha enfrentado en otras ocasiones con el Gobierno y la propia REE por el cierre de las centrales de gas que tiene infrautilizadas en la Península. Iberdrola solicitó concretamente el cierre de su central de Castellón en 2014, pero en un primer momento fue vetado por el propio operador del sistema. Luego fue la compañía quien finalmente decidió seguir operando la instalación ante la recuperación de la demanda de gas.
Iberdrola enmarca la decisión de cerrar sus centrales de carbón en todo el mundo dentro de su apuesta por las energías limpias y por acelerar su compromiso de reducción de la intensidad de emisiones de CO2 en un 50% en el año 2030 respecto a los niveles de 2007.
La decisión de la eléctrica tiene una enorme transcendencia para la transición energética del país. El grupo busca cerrar estas centrales para impulsar la producción de sus renovables y de sus centrales de gas, ahora mismo tapadas por el propio carbón. Ambas instalaciones utilizan como combustible en su mayor parte carbón importado de otros países, lo que reduce el impacto que la decisión va a tener sobre las cuencas mineras que aún sobreviven en España.
