El Gobierno habría contratado, o está en vías de hacerlo, varias firmas de abogados estadounidenses en procura de ser representado ante el arbitraje internacional al que tendría que recurrir para dirimir el conflicto con la empresa italiana Technimont que le exige el pago de 720 millones de dólares por sobrecostos en la construcción de las plantas de Punta Catalina.
Technimont, junto a Odebrecht y Acero Estrella, conforman el consorcio que construye las termoeléctricas de carbón.
El reclamo de la empresa extranjera podría terminar paralizando la obra, ya que el Gobierno ha manifestado por diferentes vías, que no pagará los 720 millones de dólares adicionales, informaron a El Nacional fuentes enteradas.
En declaraciones separadas, tanto el ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, como el vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, han manifestado que no accederán a los reclamos de Technimont.
Según fuentes vinculadas al sector eléctrico, el Gobierno tendría que pagar a firmas de abogados decenas de millones de dólares para ser representado en el diferendo internacional.
El viaje a EEUU
Una fuente confirmó a El Nacional que desde el fin de semana se encuentran en Estados Unidos el vicepresidente de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, y el ministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, quienes harían gestiones con otras empresas que se encargarían de terminar la construcción e instalación de las turbinas que lleva a cabo Technimont.
Previo al viaje, el presidente Medina encabezó una reunión al más alto nivel con funcionarios del sector eléctrico, donde el mandatario habría reiterado su posición de no pagar los 720 millones de dólares que reclama Technimont.
De acuerdo a opiniones de técnicos sobre la materia, en caso de que la empresa Technimont logre ganar su demanda al Gobierno, el costo de las plantas de Punta Catalina se elevaría a cerca de 3 mil millones de dólares, lo que la convertiría en la más cara del mundo en su género.
El contrato original para la construcción de las plantas firmado entre el consorcio Odebrecht-Technimont-Estrella y la CDEEE establecía un precio total de 2 mil 40 millones 757 mil 399 dólares, y los contratistas se comprometían a entregar la obra en 2018.
En la actualidad, el Gobierno ha invertido en la construcción de las dos plantas 1,742.3 millones de dólares, incluido un anticipo de 150 millones de dólares. De estas cifras, alrededor de 1,500 millones provienen de préstamos y bonos colocados en los mercados internacionales.
De seguir así el conflicto, pudiera ser que estas plantas, consideradas la obra cumbre de la gestión del presidente Danilo Medina, no se termine en la presente gestión de Gobierno, ya que tampoco el Estado ha logrado que empresas financieras nacionales o extranjeras se interesen en hacer las inversiones económicas que faltan.
Los técnicos coinciden en que el problema es mayor de lo que ha trascendido a los medios de comunicación, debido a la férrea defensa del presidente Medina a esta obra, pero que ahora el conflicto constituye una amenaza latente al proyecto, porque los trabajos podrían paralizarse de manera definitiva.
