SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Como si hubiese caído en el vacío, por cinco años se mantiene sin ninguna definición el caso de corrupción de la compra de los aviones militares Súper Tucano por parte del gobierno dominicano a la empresa Embraer, de Brasil.
Entre anuncios y promesas del Ministerio Público, reenvíos de las audiencias, el tiempo ha pasado sin solución definitiva a este caso que se produjo durante el gobierno del presidente Leonel Fernández. El gobierno República Dominicana compró ocho aviones Super Tucano de la Empresa Brasileña de Aeronáutica S.A (EMBRAER). Según admitió la propia empresa, pagó U$3.5 millones de soborno o coma para que se aprobara la operación República Dominicana.
La próxima audiencia del caso está convocada para el 13 de agosto. Hay seis imputados acusados de recibir sobornos a cambio de materializar la compra de los aviones por un monto mayor al de su valor original. Se espera que en esta audiencia se pueda contar con representantes de Embraer, como testigos de cargo.
Se recuerda que durante la audiencia pasada, el abogado del imputado Carlos Piccini, solicitó también la comparecencia de Soto Jiménez y del exjefe de Estado Mayor de la Fuerza Jesús Aérea, Rafael Guillermo Bueno Vásquez, para que demuestren que no fue en el 2007 que se “estructuró” la compra de las ocho aeronaves, como lo establece en su investigación el Ministerio Público, sino en el año 2001, durante el gobierno del presidente Hipólito Mejía.
“Le estoy aportando pruebas y con el testimonio de ellos dejar claramente establecido de que la compra de estos aviones se estipuló en el 2001, por eso hay una empresa llamada Silverstar Ventures, LTD que está demandado a Embraer por la comisión de esos valores”, así lo manifestó Alejandro Tejada.
El caso de corrupción por la compra de los Super Tucano se ha imputado al exsecretario de las Fuerzas Armadas, general Pedro Rafael Peña Antonio; all suspendido coronel, Carlos Piccini Núñez (único en prisión) y a los empresarios Daniel Aquino Hernández, Daniel Aquino Méndez, Ysrael Abreu Rosario, además del notario Félix del Orbe Berroa.
Además a las empresas Magycorp, S.R.L., y 4D Business Group, ambas señaladas por soborno y lavado de activo, tras admitir ante las autoridades de Estados Unidos y Brasil recibir sobornos pagados por Embraer.
Por el hecho, la Procuraduría General de la República (PGR) aclaró recientemente que no ha solicitado la exclusión de ninguna de las partes del expediente presentado contra la Empresa Brasileña de Aeronáutica S.A (EMBRAER), por los US$3.5 millones en sobornos que esa compañía admitió haber pagado en el país para obtener los contratos de venta fe los Super Tucano.
Las investigaciones aseguran que tras la venta ejecutada en 2008, el coronel Carlos Piccini creó una compañía de carpeta, a través de la cual recibía las sumas de dinero, mientras que supuestamente era dirigido un senador para garantizar la aprobación del contrato de préstamo con el BNDES en el Congreso.
En el 2009, el departamento de control interno de Embraer percibió un primer pago irregular por un monto de US$100 mil, pero esto llamó la atención, y debieron de crear otros métodos para concluir el pago, así que el consultor de la compañía Elio Moti Sonnenfeld, que era una persona conocida, ejecutó las transacciones restantes, ya que su intervención llamaba menos la atención.
Sin embargo, es en el 2013 cuando Francisco Domínguez Brito, quien en ese momento era el Procurador General de la República, designa a Laura Guerrero, directora de la Procuraduría Especializada contra la Corrupción para profundizar el caso.
