El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, impuso ayer tres meses de prisión preventiva al exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), Leoncio Almánzar Objío y otros seis imputados en la venta irregular de terrenos de Los Tres Brazos.
También fueron enviados a prisión Domingo Gerardo Lebrón de los Santos; Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de Corde; Juana Ynés Gómez Williams, principal accionista y representante de la entidad comercial Proyecciones Inmobiliarias Gowi, además de ser hermana de los imputados Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams, estos dos últimos principales accionistas de la entidad comercializadora Infepa; José Enrique de Pool Dominicci, principal accionista y representante de la entidad comercial Titulatec.
Los imputados deberán cumplir la medida de coerción en los Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
Además, el magistrado impuso garantía económica de 500 mil pesos, impedimento de salida, y presentación periódica a Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico del Corde; a Rosabel Castillo, exregistradora de títulos del Distrito Nacional y actual directora nacional de Registro de Títulos; Ana Ozuna, y Hadonis Ruiz, agrimensores.
El magistrado Vargas rechazó declarar el caso complejo como solicitó el Ministerio Público, y apoderó al tercer juzgado de la instrucción como tribunal de control para que conozca todo lo que tiene que ver con el proceso.
Indicó que la revisión de la medida cautelar será realizada el 25 de octubre del 2018.
Antes de dar la decisión del caso, el juez Vargas explicó que el exdirector de Corde debió actuar con transparencia en el caso de la venta irregular de los terrenos.
El juez Vargas consideró que la situación con los demás imputados es más grave, ya que la forma en que actuaron denota que no hicieron lo correcto.
“En la forma en que ustedes actuaron y como presenta el Ministerio Público, el juez advierte que realmente ustedes armaron un tinglado para aprovecharse económicamente de la situación para sacar ventaja y que procedieron de manera irregular.
Asimismo, indicó que en el caso, los imputados debieron actuar con transparencia.
“El sentido común le dice a ustedes, además del valor del mercado, que una actuación de ustedes de esa naturaleza tenía que contar con los mayores niveles de transparencia necesario. Ustedes debieron publicar eso. Ustedes debieron haber coincidido hacer las diligencias pertinentes, todas las diligencias pertinentes”, expresó.
Consideró que con relación a la venta de los terrenos de Los Tres Brazos deberá ser el Tribunal Constitucional quien decida si debió ser aprobada por el Congreso Nacional.
Abogado del exdirector de Corde apelará
Tras la decisión tomada por el juez, Miguel Lirio, abogado del imputado Leoncio Almánzar, exdirector de Corde, anunció que van a apelar la decisión del magistrado Vargas, tras considerar que esa decisión fue injusta.
“Es una decisión injusta porque Almánzar es inocente, nosotros vamos a proceder a apelarla. Vamos a demostrar que él actuó de manera transparente”, expresó Lirio.
La investigación inicio en julio de 2016
El pasado 26 de julio el Ministerio Público solicitó conocimiento de medida de coerción a 11 personas involucradas en la venta irregular de los terrenos del sector Los Tres Brazos. El Ministerio Público explicó que el grupo es imputado de participar presuntamente en la comisión de diversos actos ilícitos, entre los cuales se encuentran los tipos penales de prevaricación, abuso de jurisdicción, falsedad y uso de documentos falsos, desfalco, estafa contra el Estado y asociación de malhechores, entre otros establecidos en el Código Penal dominicano. Las investigaciones la de venta irregular de los terrenos del sector Los Tres Brazos iniciaron en el año 2016 luego que saliera a la luz pública que la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde) había vendido a una empresa privada las referidas tres parcelas de suelo público correspondientes al sector Los Tres Brazos, por la suma de 80 millones de pesos. Dicha negociación incluyó la venta de más de un millón de metros cuadrados donde existían 17,300 viviendas y casi 63,000 habitantes, además de servicios estatales básicos. Asimismo, el Ministerio Público reiteró que cuentan con evidencias fehacientes que comprometen la responsabilidad penal de los encartados en dicho caso.
